Diario de Sevilla, 24/02/2012

Las dificultades económicas y la falta de liquidez atenazan a otra de las empresas emblemáticas de la economía sevillana. Merkamueble S. A., la franquicia de la que surgió el grupo Merkamueble, se ha acogido al artículo 5 Bis de la Ley Concursal, comúnmente conocido como preconcurso de acreedores, para forzar a la banca a renegociar una deuda de algo más de 30 millones de euros, según indicó ayer su presidente, Francisco León. Merkamueble S. A. es propietaria de cuatro tiendas del grupo: una en Málaga, otra en El Puerto de Santa María y dos en Sevilla: la emblemática sede de la Carretera de Málaga, la primera tienda del grupo, y el centro comercial de Bollullos de la Mitación, inaugurado en 2009 tras una inversión de más de 60 millones de euros.

Faro de Vigo, 23/02/2012

Los trabajadores y los acreedores del astillero vigués Hijos de J. Barreras conocerán hoy de mano de los accionistas el contenido del plan de viabilidad con el que se pretende superar la suspensión de pagos y volver a la actividad. La propiedad de Barreras citó por la mañana a los representantes de la plantilla y por la tarde a las empresas.
Como ya avanzó este periódico, el plan está diseñado sobre un escenario de seis años e incluirá recortes de salario y plantilla, una ampliación de capital (con la entrada de al menos dos nuevos socios) y la contratación de buques una vez entre en vigor el nuevo tax lease (el sistema de bonificaciones fiscales suspendido por la Dirección General de la Competencia de la UE). Los accionistas confían en que tanto empresas acreedoras como trabajadores avalen el documento confeccionado para salir de la crisis, aunque descartan que se pueda lograr un consenso definitivo esta semana.

finanzas.com, 23/02/2012

El titular del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Palencia, especializado en materia mercantil, ha denegado la petición de la administración concursal de SEDA Solubles para que se abra el periodo de liquidación de la empresa cafetera palentina. Según el auto dictado, el juez argumenta que "no cabe equiparar la suspensión o interrupción temporal de la actividad productiva con el cese de la actividad empresarial que habilitaría legalmente la liquidación".